Desde AI han lanzado una campaña pública para exigir al gobierno que actúe y garantice los derechos humanos de los menores que están bajo su tutela. ¡Firma!
“En el centro pasé días atada a una silla, con mordaza; sin ella se me caía la baba. Tenía el cuello doblado y la cabeza caída. También estuve en la celda de aislamiento atada a la cama donde además me pinchaban y pasaba al menos 3 días con los ojos vueltos”
Testimonio de Sara Casas a AI, sobre su estancia en el centro de protección terapéutico Dulce Nombre de María en Málaga.
En España, miles de niños y niñas en situación de riesgo y desamparo, ingresan en centros bajo la responsabilidad de la Administración que, desde ese momento y hasta su mayoría de edad, es garante de su cuidado y protección.
Una parte de esos niños y niñas, en condiciones de dificultad social o por supuestos trastornos de conducta, van a parar a centros de protección terapéuticos, donde se les debería ofrecer la atención adecuada para dichos casos. Algunos ingresan a solicitud de los padres para que reciban el tratamiento que necesitan.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha constatado, a través de testimonios de menores, familiares y profesionales a cargo de los menores, graves violaciones de los derechos humanos de estos niños y niñas.
A pesar de que no han cometido ningún delito, algunos de estos menores han sido víctimas de privación de libertad sin orden judicial, malos tratos y aislamiento en celdas. En ocasiones, se les ha atado y amordazado.
En los denominados centros terapéuticos, se han dado casos en que se ha vulnerado su derecho a la salud con tratamientos médicos sin diagnóstico, administrados sin la debida diligencia, sin información y sin su consentimiento, e incluso mediante medicación forzosa con fines sancionadores.
La Administración reconoce desconocer cuantos menores hay en España bajo su protección. Su invisibilidad, la falta de controles y la poca atención brindada a estos niños y niñas ha conducido al olvido y negación de las violaciones de sus derechos, facilitando la impunidad.
Pide al Presidente del Gobierno que garantice los derechos humanos de los y las menores en los centros de protección terapéuticos, ya sean de gestión pública o privada.
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