Existen fundamentalmente tres tipos de centros de menores: de reforma,terapéuticos y de acogida. La inmensa mayoría están gestionados por entidades privadas, aunque financiadas con dinero público. Un derecho básico como es la atención a los menores más desfavorecidos se convierte en la práctica en una fuente de lucro privado y de sórdida represión.
Los centros de reforma, por mucho que intenten vender el humo, no son una especie de campamentos juveniles donde los menores tienen acceso a actividades formativas y lúdicas, sino que son auténticas cárceles que funcionan según un régimen interno copiado y endurecido con respecto al sistema penal de adultos, y donde los malos tratos son algo cotidiano.
Centros de acogida existen de muchos tipos, pero si hay algo común a todos ellos es el sistemático maltrato institucional1. En palabras de los propios jueces: "la protección de menores en España no funciona", lo que "obliga a judicializar conflictos que tendrían que resolverse en el ámbito familiar y social" (El País, 18/06/09). Y según la Oficina del Defensor del Pueblo, el sistema de protección "está enfermo, y no está ni coordinado ni planificado". Se comenten un sinfín de barbaridades en los procesos de retirada de tutela, otro castigo directo a la pobreza.
Pequeños ‘guantánamos'
En cuanto a los centros terapéuticos, lo primero que llama la atención es que la mayoría de la población ni siquiera conoce su existencia. Estos centros forman parte del sistema de protección de menores, y supuestamente están destinados a atender las necesidades vitales, educativas y terapéuticas de niños y adolescentes con trastornos de conducta. Pero el funcionamiento de los centros terapéuticos en la práctica es muy similar al de los centros de reforma, incluso la situación de los internos es más dramática. Se trata de los pequeños guantánamos que pueblan nuestra geografía. Surgen al amparo de un limbo jurídico, en el que pasan a vivir los menores. Son internados contra su voluntad y privados de libertad sin orden judicial, ya que su internamiento se produce generalmente por vía administrativa. De esta forma, quedan al margen de cualquier garantía jurídica sobre susituación, no teniendo derecho de facto a tutela judicial. Tampoco tiene derecho a asistencia letrada, ya que no cumple condena sino que está siendo protegido. Esto se debe a la función real de estos centros: son cárceles encubiertas donde se recluye a menores que consideran conflictivos (es decir, molestos en los centros de acogida donde residían) pero que no pueden ser condenados porque no han cometido ningún delito. En estos centros se interna a menores de incluso ocho años. Y como para cometer semejante atropello necesitan una justificación, psiquiatrizan a los niños con diagnósticos-etiqueta de todo tipo (hiperactivos, disociales, límites, etc).
La vida en estos centros es terrible. El día a día está marcado por una absurda disciplina regulada por unas normas imposibles de cumplir y que desquiciarían al más cuerdo de los adultos. Todo es susceptible de ser sancionado (aunque parezca mentira, incluso enamorarse es motivo de sanción). El maltrato físico y psicológico es continuo. Se producen agresiones generalmente camufladas como "contenciones físicas" (en ocasiones se han propinado auténticas palizas). Otros tipos de castigos físicos también son habituales, como obligar a realizar ejercicio hasta la extenuación u obligar a cavar durante horas una zanja para luego taparla.
A pesar de estar prohibidas por Naciones Unidas, se emplean celdas de aislamiento (que el Defensor del Pueblo define en un informe como "mazmorras medievales", asegurando que son un "un atentado para la salud psíquica y la dignidad de los menores"). Durante las penas de aislamiento, es frecuente que se produzcan autolesiones, y el riesgo de suicidio se dispara.
Los gritos, los insultos, las amenazas y las vejaciones de todo tipo (como atar por las manos a dos menores entre sí durante todo un día, o las llamadas "collejas terapéuticas") son la realidad a la que se enfrentan los menores a diario. Y para colmo, muchos de los chicos encerrados están continuamente drogados, al ser obligados a ingerir grandes dosis de psicofármacos, medicación que en ocasiones no tiene supervisión facultativa. Estos fármacos no se emplean con fines terapéuticos, sino como manera de sancionar y contener a los chavales, a modo de camisas de fuerza químicas. No existen estudios longitudinales sobre los efectos a largo plazo en el sistema nervioso de los jóvenes (ya que a nadie parece interesarle), pero sin duda el abuso prolongado de tóxicos genera adicción y demás problemas asociados.
Todos los demás derechos básicos también son vulnerados, como el derecho a la intimidad (se realizan registros con desnudo integral, la correspondencia es intervenida), derecho a la educación (la escolarización es un "privilegio" que deben ganarse los menores), etc.
El caso de la Fundación O'Belen
La Fundación O'Belen es una de las muchas empresas disfrazadas de ONG que se están lucrando a costa del sufrimiento de los menores. Esta fundación se caracteriza por tener las peores condiciones laborales dentro de un sector ya muy precarizado, y por ser una de las entidades cuyos centros salieron peor parados en el Informe que el Defensor del Pueblo presentó en febrero. En dos años, al menos tres menores han perdido la vida en sus centros.
Hace unos cuatro años se inició la lucha contra esta fundación, denunciando públicamente los métodos "educativos" empleados en los centros que gestiona. Numerosos colectivos y organizaciones se han hecho eco de esta lucha, y han participado en la organización de numerosos actos públicos, movilizaciones en la calle y diversas muestras de solidaridad para con los niños encerrados y maltratados. Ya en el año 2007 se consiguió clausurar el centro La Jarosa, en el madrileño barrio de Tetuán, tras numerosas acciones que consiguieron despertar la solidaridad del vecindario. Y a día de hoy podemos celebrar una importantísima victoria en la lucha por los derechos de los menores: los centros terapéuticos que O'Belen gestionaba en Castilla - La Mancha han cerrado sus puertas, desapareciendo así dos de los principales centros de tortura que gestionaban (Casa Joven, en Azuqueca de Henares, y Nuestra Señora de la Paz, en Villaconejos de Trabaque). Debido a todo esto el presidente y fundador de O'Belen, Emilio Pinto, se ha visto obligado a dimitir.
Esta victoria además incluye un gran avance: la Junta de Castilla La Mancha ha abierto un nuevo centro para tratar a menores con problemas psiquiátricos, que será de titularidad y gestión pública, cambiando la tendencia general privatizadora.
A dia de hoy, los principales valedores de O'Belen son los sectores más reaccionarios y corruptos del PP, Madrid y Valencia (los sistemas de reforma y protección de menores son competencia de las comunidades autónomas).
La lucha por los derechos de los menores en general y contra O'Belen en particular va a continuar. Los compañeros de la Asamblea Contra los Centros Cerrados de Menores, con el apoyo de la Coordinadora de Barrios, han convocado una concentración el próximo 2 de diciembre a las 12 frente al IMMF (Insituto Madrileño del Menor y la Familia, en Gran Vía 14), para denunciar la complicidad necesaria de esta institución en los malos tratos y para exigir el cierre del centro terapéutico Picón del Jarama, que O'Belen gestiona en Paracuellos.
Por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad
Para acabar con esta aberrante situación, el primer paso es la lucha contra la privatización de los servicios sociales. Los partidos de izquierdas no pueden seguir mirando para otro lado, y tienen que cambiar sus políticas, en este caso más propia de la derecha.
Y los sindicatos de clase tienen que dejar de actuar desde el amarillismo que está caracterizando su actuación en el sector de la Intervención Social, que actualmente parece limitarse a conseguir el mayor número de delegados, aunque para ello tengan que presentar como propias listas planteadas por las empresas. El camino a seguir es el iniciado por la FeS-UGT de Castilla - La Mancha, exigiendo a la Junta que asuma directamente la guarda y custodia de los menores que tutela sin empresas intermediarias que lo único que buscan es el lucro económico. Sin duda, una campaña sindical seria en defensa de unos servicios sociales públicos y de calidad supondría tanto mejoras laborales como una drástica disminución de los abusos que sufren los menores.
Pero incluso este gran avance, no sería suficiente. Para acabar con las injusticias que se producen en nombre de la intervención social, es necesario que los servicios sociales funcionen de manera realmente democrática, esto es, controlados por los propios destinatarios. Los vecinos son los únicos que realmente conocen las necesidades de su barriada. Con el carácter público de los centros evitaremos que el lucro sea el objetivo final de los servicios sociales, pero sin la participación activa del tejido social de cada barrio en la planificación y gestión de los recursos que deben facilitar las administraciones no podremos garantizar la eficacia de las actuaciones, que sin duda seguirían teniendo un carácter netamente burocrático, y por tanto funcionarían más al servicio del control social que a la solución efectiva de los numerosos problemas que azotan nuestros barrios.
1. El informe elaborado por la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas de Aragón (ASAPA) refleja muy bien este hecho.
www.elmilitante.org
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