Juan Gabriel Juárez relata su vivencia de casi cuatro años en el centro de protección Casa Joven
MÓNICA C. BELAZA - Madrid - 04/02/2009
Juanga llamaba a su hogar de acogida el "minibúnker". Por las vallas, las puertas reforzadas, las habitaciones que sólo se abren desde fuera y el régimen carcelario. "Un horror, el sufrimiento diario, donde quieres morirte", asegura. Era el centro de protección para menores con trastornos de conducta Casa Joven, en Guadalajara, gestionado por la Fundación O'Belén. Allí van a parar chicos con problemas, hijos de familias desestructuradas o con algún trastorno de conducta por el que no es conveniente que vivan con sus padres. La Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha asume su tutela y los manda a vivir a estos centros. Sin orden judicial de internamiento, porque no han cometido delito alguno. Se hace así para protegerlos, y las autonomías han decidido, en su mayoría, privatizar este servicio.
"Me dijeron: 'Si yo te digo que es de noche, aunque sea de día, para ti es de noche"
La directora de los centros especializados de O'Belén niega las acusaciones
Éste ha sido uno de los centros que salen peor parados del reciente informe del Defensor de Pueblo. El texto habla de una sala de contención física de los menores "siniestra", "sin ventana", recubierta de una goma negra "que desprende un olor muy fuerte y desagradable, casi irrespirable", de falta de un protocolo para llevar a cabo la contención, de "desnudos integrales" a los menores para registrarlos, de puertas de dormitorios que no se pueden abrir desde dentro y menores que hablan de sanciones degradantes. Durante el último año ha habido 8 bajas voluntarias de un total de 23 trabajadores.
"Una vez pasé cuatro fines de semana en un reformatorio y era mucho mejor. La gloria al lado de Casa Joven", dice Juanga. "He estado medicado durante años sin tener ninguna enfermedad mental. Me decían que era hiperactivo y me daban cada mañana, tarde y noche cinco miligramos de Risperdal y 500 de Concerta".
Casa Joven es un centro con 12 habitaciones para niños y niñas. Cuando llegó, Juanga era de los pequeños. "Pero había también chicos de 17 y 18 años", relata. "Nos metían a cada uno en una habitación, un cuartucho en muy malas condiciones, con grietas y una ventanita. Estaban fatal. Sin calefacción. El agua caliente a veces funcionaba, pero casi nunca. Tocaba ducharse con agua fría. Y desde el principio los educadores te dejan las cosas claras: 'Si yo te digo que es de noche, aunque sea de día, para ti es de noche'. La primera semana de estancia no puedes ni salir al patio. Así funcionan las cosas en Casa Joven".
Juanga salió casi con 14 años del centro, pero volvió a entrar a los 16. "Siempre era igual. Contenciones físicas en las que te tiraban al suelo y te retorcían los brazos y las piernas hasta hacerte moratones. Educadores que decían que no te quejaras porque ellos tenían abogados para defenderse y tú no. No me dejaban hablar por teléfono en caló con mi madre, que es gitana. Me sancionaban si lo hacía. No me dejaron ir al entierro de mi abuelo porque decían que a lo mejor me fugaba. A veces me insultaban diciéndome que mi familia no me quería. Todo eran abusos. Sólo me dejaban salir fuera del centro 20 minutos un día a la semana".
Juanga reconoce que algunos educadores eran "distintos". "Hubo uno peruano, muy bueno, que hablaba más que sancionaba, pero lo echaron. La mayoría de los que estaban aplicaban cualquier cosa como "medida educativa", uno de los castigos. Una vez me hicieron correr en cuclillas alrededor del invernadero".
Se queja también de la comida, que casi siempre estaba a punto de caducar "porque así la conseguían más barata", de las pocas veces que les dejaban usar el aula de informática y de que no podían entrar en el messenger. "Todo estaba prohibido y no podías quejarte de nada. Todos teníamos brotes de ansiedad. Yo pensaba "o me muero o me tiro al tren". Ha sido lo peor".
Como estos niños no cumplen condena, no tienen derecho a letrado. Se reúnen con su técnico de la comunidad y, según O'Belén, cada 15 días con el director del centro. "También tienen siempre hojas de queja a su disposición", asegura Gema Fernández- Cueto, directora de la Red de Centros Especializados de la Fundación. La directora niega las acusaciones, aunque no quiere comentar este caso concreto. "Hay registros de cada sanción, nunca se castigaría a un chico por hablar caló, árabe o cualquier otro idioma, y las contenciones físicas están controladas por psiquiatras", señala. "Nosotros hacemos bien nuestro trabajo, pero esperamos que las Administraciones también tomen en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Que haya psiquiatras especializados y más reglamentación".
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